Todo parece indicar que el bloque en el poder ya decidió que la reforma para imponer una jornada legal de trabajo de cuarenta horas a la semana va a ser aprobada por el Congreso antes del 15 de diciembre.
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De forma adelantada, violentando todas las leyes electorales y con la complacencia del Instituto Nacional Electoral (INE) han concluido los procesos internos de las principales coaliciones conformadas por un lado con el bloque oficialista encabezado por Morena y al que se sumaron el PT y PVEM y por el otro lado el llamado Frente Amplio por México, en el que se aglutinan PRI, PAN y PRD. Ambos bandos se declaran victoriosos y atribuyen cualidades extraordinarias a sus abanderados, hablan de prácticas democráticas e innovadoras nunca antes vistas que afirman redundarán en beneficio del pueblo.
Lo cierto es que estamos ante lo que hemos visto tantas veces; en ambos bandos se repiten esquemas ya conocidos, pero que aseguran reiteradamente que ya han sido desterrados; la narrativa que pretenden vendernos sin ningún ejercicio de autocrítica es que se trató de procesos cuasi perfectos en los que se eligió a las aspirantes con mayor arraigo popular y respaldo ciudadano. Basta valorar algunos elementos para darse cuenta de la falsedad de esta afirmación. Veamos.
El banderazo de arranque del oficialismo lo dio el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); llamó a la cúpula gubernamental a una cena en un restaurante ubicado en el centro del país a efecto de fijar las reglas del juego, violentando en todo momento la ley, al tratarse del titular del Poder Ejecutivo quien, al inmiscuirse, genera un desequilibrio favorable a su partido; la opinión pública se enteró que pactaron, en términos generales, lo siguiente: los aspirantes renunciarían de inmediato a sus cargos, no habría debates públicos entre ellos, recorrerían en 70 días el país y se someterían a una encuesta interna y cuatro ejercicios demoscópicos espejo que se promediaron en caso de existir empate para designar al Coordinador de los comités de defensa de la 4T.
Transcurrieron los días entre cuestionamientos de “cargada” a favor de Claudia Sheinbaum y del uso de recursos públicos para la contratación de espectaculares, bardas, lonas y el acarreo de gente a los eventos masivos bajo la amenaza de que en caso de no hacerlo se les eliminaría de los programas sociales del Gobierno Federal.
El despliegue de recursos fue verdaderamente insultante, sobre todo porque se efectúa en un momento difícil en el terreno económico donde los precios de la canasta básica son altísimos, la falta de apoyos a los campesinos ya se resiente en las malas cosechas o la carencia de medicamentos es la tónica en los hospitales públicos, es decir, las carencias se imponen a la mayoría de los mexicanos y entre tanto los morenistas dilapidaron los recursos presuntamente públicos en procesos simulados para elegir a sus candidatos.
El resultado final es de todos conocido; según las mediciones, con 14 puntos de diferencia, la exJefa de gobierno Claudia Sheinbaum rebasó al excanciller Marcelo Ebrard y dejó muy atrás a los demás aspirantes. Una vez cubiertos los trámites, y a pesar del berrinche de Ebrard, de nueva cuenta el propio presidente López Obrador entregó el bastón de mando del movimiento, ungiendo como nueva lideresa a Sheiunbam Pardo, consolidando la determinación que desde hace años se había tomado y se repetía por todos los rincones de la patria. Lo cierto es que el proceso morenista interno puso al descubierto los peores excesos dignos del momento en que sólo existía un partido, el uso de recursos públicos, la simulación, la presión a beneficiarios para obligarlos a participar en eventos públicos e incluso la inversión millonaria en propaganda para incidir en la opinión pública.
Por el otro lado, las cosas no fueron muy distintas; las dirigencias del PAN, PRI, PRD y organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el autollamado Frente Amplio por México anunciaron con bombo y platillo un proceso en el que se inscribiría libremente el que deseara participar logrando al menos 14 aspirantes, se fijaron las reglas del juego que generaron profundas dudas y determinaron que el primer paso sería juntar más de 150 mil firmas en todo el territorio nacional.
Posteriormente se haría una encuesta para definir a los finalistas y luego vendría un proceso electivo donde se moverían las bases de cada aspirante, que votarían democráticamente, para al final promediar los resultados de ambos ejercicios y así ungir al Coordinador de la Construcción del Frente Amplio por México (o sea el candidato opositor). Durante todo el proceso ciertamente no abundó el dispendio de recursos, quizá porque no detentan muchas posiciones de mando, pero de origen generó suspicacias y dudas sobre la autenticidad o viabilidad de las distintas fases, generando que de inmediato se eliminaran personajes como la Senadora Lily Téllez o el exgobernador Alejandro Murat; conforme fue avanzando el proceso, los perredistas Miguel Mancera y Silvano Aureoles se quejaron de exclusión y vulneración del método.
Ya en la fase final, la dirigencia priista encabezada por Alejandro Moreno (Alito) declaró que los sondeos no favorecían a Beatriz Paredes quien, a regañadientes, abandonó su aspiración; luego, en un nutrido evento se designó a la senadora Xóchitl Gálvez como la abanderada de la oposición.
Ambos procesos concluyeron sin sorpresas; quizás si Ebrard o Paredes hubiesen sido los ungidos estaríamos hablando de algo distinto a lo augurado, pero lo cierto es que una vez más se pusieron al descubierto las mismas prácticas de siempre: el uso de recursos públicos en el caso del oficialismo y, por otro lado, que sólo quién cuenta con dinero puede participar en los procesos internos de los partidos; además, en la toma de decisiones, a los poderosos poco les importa el pueblo y el intento de legitimar a través de encuestas o elecciones abiertas es sólo un mecanismo adormecedor para hacerle creer que es partícipe de las decisiones, pero en los hechos no es así.
Urge trabajar en la politización del pueblo para que sea capaz de desenmascarar a quien lo somete, por ello, hoy adquiere relevancia y asume un papel protagónico lo escrito por el gran líder de la revolución rusa V. I. Lenin en el ¿Qué hacer?: “En un país, un grupo de oportunistas ha actuado desde hace mucho tiempo bajo una bandera especial; en otro los oportunistas han desdeñado la teoría siguiendo en la práctica a los radicales; en un tercero, algunos miembros del partido revolucionario se han evadido al campo del oportunismo y tratan de alcanzar sus objetivos, no por medio de una lucha abierta a favor de los principios y de la nueva táctica, sino valiéndose de una corrupción gradual, imperceptible”.
Por lo descrito, la tarea sigue siendo la misma, nos toca conformar un partido de auténtica raigambre popular que encabece las demandas sociales y oriente al pueblo para tomar en sus manos el destino de la patria. Ésa es la circunstancia actual en México y nuestra tarea es mostrar al pueblo las graves contradicciones, el cinismo de nuestros gobernantes y convocar a cambiar esa dramática realidad.
Todo parece indicar que el bloque en el poder ya decidió que la reforma para imponer una jornada legal de trabajo de cuarenta horas a la semana va a ser aprobada por el Congreso antes del 15 de diciembre.
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Escrito por Osvaldo Avila Tizcareño
Colaborador