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México encabeza crisis mundial de desaparecidos
Las cifras en México supera a países en guerra como Irak y a naciones con altos índices de violencia como Colombia.
Foto: Internet
En México se registran más de 124 mil 263 personas desaparecidas, informó el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); razón por la cual familias de personas desaparecidas participan en la evaluación de México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo activado por primera vez en abril de 2025.
El procedimiento se desarrolla en Ginebra, Suiza, del 22 de septiembre al 2 de octubre, durante la 29ª sesión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y responde a una situación considerada “generalizada o sistemática”.
Entre las representantes se encuentran Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido en 2007 y María Luisa Lazarín Sierra, madre de Israel Torres Lazarín, desaparecido en 2009. Ambas presentaron un informe paralelo al del Estado mexicano, con exigencias de verdad, justicia y una política nacional efectiva frente a la crisis.
Las familias cuentan con el respaldo de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Denuncian impunidad casi absoluta, investigaciones ineficaces y riesgos constantes para las madres buscadoras, quienes enfrentan amenazas y desplazamientos forzados.
México encabeza a nivel mundial las solicitudes de acciones urgentes ante el CED, con 681 casos hasta septiembre de 2024, por encima de países como Irak y Colombia.
Por su parte, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha minimizado la intervención del CED. Voces como las del senador Gerardo Fernández Noroña y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, acusaron al Comité de atentar contra la soberanía nacional. Las familias, en contraste, cuestionan el incumplimiento del informe oficial que México debió entregar el pasado 18 de septiembre.
Cabe recordar que el CED emitió en 2023 más de 50 recomendaciones, entre ellas la creación de una política de prevención, mejoras en la búsqueda y avances en la identificación de restos; sin embargo, los colectivos denuncian pocos resultados.
La evaluación en curso podría derivar en un informe a la Asamblea General de la ONU, lo que aumentaría la presión sobre el Estado mexicano. Para los colectivos, este proceso representa una oportunidad clave para visibilizar la crisis y exigir soluciones, aunque persisten dudas sobre la voluntad del gobierno para aplicar cambios de fondo.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.