El pueblo de Tecomatlán se viste de gala porque abre sus puertas para recibir a los participantes en el XXIV Encuentro Nacional de Teatro.
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Más de 180 millones de pesos ha costado la búsqueda de personas en México, entre los años 2017 y 2025; sin embargo, los recursos se han destinado en su mayoría en difusión de campañas mediáticas, mantenimiento de edificios para albergar las oficinas de las comisiones, adquisición de uniformes, cursos de capacitación y herramientas de excavación.
De acuerdo con contratos publicados en el antiguo CompraNet, hoy Compras MX, relacionados con la búsqueda de personas, entre los principales gastos de las comisiones de búsqueda destacan los cursos y las campañas mediáticas con costos aproximados a 1 millón de pesos por anuncio; además, bajo la administración del Instituto Nacional de Ciencias Penales, se han impartido decenas de capacitaciones cuyo costo promedio es de 33 mil pesos cada uno.
Por el contrario, una pequeña partida de fracción del gasto total aparece en la adquisición de herramientas y maquinaria; en 2022, se compraron drones, GPS, cámaras fotográficas, mascarillas y remolques, lo que representó apenas el 2 por ciento del gasto total.
Aunado a ello, se registró la compra de vehículos, principalmente camionetas tipo pick-up, pero, el gasto en este rubro en varios estados no supera el 10 por ciento del total invertido.
Pese a que se han erogado más de 180 millones de pesos, familias y colectivos de personas desaparecidas continúan buscando a sus seres queridos sin apoyo suficiente de las autoridades, rastrean por su cuenta, enfrentando el riesgo constante de ser víctimas de desaparición o muerte.
En menos de un mes, dos atentados dejaron tres buscadores asesinados en el estado de Jalisco, el caso más reciente es el de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
A pesar de la gravedad de la situación, los más de 200 contratos de las comisiones de búsqueda no mencionan medidas de seguridad para los familiares que llevan a cabo estas labores. Registros oficiales, reportan que más de 120 mil personas permanecen desaparecidas, de los cuales 40 mil son hombres entre 20 y 34 años de edad.
El pueblo de Tecomatlán se viste de gala porque abre sus puertas para recibir a los participantes en el XXIV Encuentro Nacional de Teatro.
Este México nuestro se ha hecho, por sus condiciones, tan irreal, tan innecesario, que así como está ya no tiene ninguna utilidad para el pueblo pobre.
“Humanismo Mexicano”; Altagracia Gómez (empresaria asesora de Sheinbaum) y José Antonio Fernández (presidente de FEMSA) prefieren llamarlo “Capitalismo Consciente”.
El movimiento telúrico fue percibido en al menos la mitad de la entidad chiapaneca.
Aunque sólo quedan cuatro sesiones ordinarias del periodo legislativo, los diputados volvieron a dejar sin discutir el Paquete Económico 2026.
En lo que va de 2025, Minsa ya acumula al menos 190 contratos federales más, sumando otros 183 millones de pesos del erario.
De la Fuente dejó la cancillería en un momento en que el Gobierno Federal requiere actividad diplomática tras la renuncia del fiscal.
El mandatario presumió como otro logro de la organización el “Teatro Aquiles Córdova Morán”, sede del evento.
El proyecto ferroviario depende de transferencias públicas para sostener su operación.
Los permisos especiales otorgados a comerciantes informales les permiten ocupar calles y banquetas de diciembre a enero próximo.
El origen principal de estas protestas radica en el grave deterioro de la red carretera federal.
Al frente de la FGR enfrentó señalamientos por presunto plagio de obras académicas, supuesto tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Esta facultad también le permite participar en la convocatoria para convertirse en la fiscal permanente.
Minsa, la empresa de Altagracia Gómez, afirma que paga hasta 1,000 pesos más por tonelada que el precio internacional y asegura que su participación del 1 por ciento impide cualquier influencia en el mercado.
El titular de la FGR sólo puede dejar el cargo mediante renuncia por causas graves presentada ante el Senado o por remoción directa del Ejecutivo.
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.