El Gobierno del Estado de México (Edomex) decidió implementar el Operativo Caudal (OC) como una respuesta a la recurrente crisis en el suministro de agua potable durante los últimos dos años en varias regiones del estado.
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Ante las denuncias ciudadanas sobre abusos en la distribución gratuita de agua en pipas, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a las 16 alcaldías instalar buzones de denuncias anónimas, así como sistemas de monitoreo y medidas de control para prevenir irregularidades en la distribución del vital líquido.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros presentó un punto de acuerdo en el que destacó que las denuncias anónimas permitirían establecer identificadores en los camiones cisterna y credencializar a los operadores, con el fin de reducir abusos y asegurar la calidad del servicio.
Asimismo, la legisladora propuso a la Agencia Digital de Innovación Pública el desarrollo de un sistema electrónico de control, seguimiento y monitoreo para las pipas encargadas de la distribución de agua gratuita.
Espinosa de los Monteros indicó que los usuarios enfrentan problemas como la venta ilegal de agua destinada al servicio gratuito, malas condiciones en las pipas, contaminación del agua, insalubridad y la falta de vigilancia, entre otras irregularidades que afectan la distribución del recurso.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), el 18 por ciento de la población en la Ciudad de México no recibe agua diariamente y el 32 por ciento carece de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
El Gobierno del Estado de México (Edomex) decidió implementar el Operativo Caudal (OC) como una respuesta a la recurrente crisis en el suministro de agua potable durante los últimos dos años en varias regiones del estado.
Aunque sólo quedan cuatro sesiones ordinarias del periodo legislativo, los diputados volvieron a dejar sin discutir el Paquete Económico 2026.
El reclutamiento lo lleva a cabo la empresa estadounidense RMS International, con sede en Florida y que se especializa en servicios de seguridad.
Las lluvias cesaron hace más de un mes; el pronóstico oficial lo anuncia: sin precipitaciones importantes para una temporada que, para efectos prácticos, ya terminó.
La reforma establece penas de hasta 15 años de prisión para integrantes de asociaciones delictivas que cometan delitos como robo, extorsión u homicidio.
El diputado morenista, señalado por fraude indígena y presunto secuestro, ahora vigilará la ética en San Lázaro.
Desde hace más de un año, el Instituto Nacional de Rehabilitación enfrenta carencias graves que han reducido en 40% el número de cirugías y afectado la atención a pacientes.
Presuntamente, los convenios de Armot implican un daño al erario de 20 millones de pesos mensuales por evasión de cuotas.
Los cortes tendrán una duración aproximada de 15 días.
Sólo 17 de 88 pozos continúan operativos.
El 92% de las denuncias por despojo no reciben atención directa de las autoridades y sólo el 2% culmina con la recuperación del inmueble.
Acumula 37 denuncias ante la FGR por presuntas irregularidades durante su gestión en Tabasco.
Legisladores morenistas protestan por volver a sesiones presenciales; Monreal los pone en orden: quien no asista, cobrará menos.
En la CDMX se ha descuidado la prevención de desastres, sobre todo el mantenimiento del sistema de drenaje.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera